Presentación en CAT - NU Ginebra (2)
Presentación en CAT - NU Ginebra (3)

En la ciudad de Ginebra, Suiza; la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de Casa Memoria José Domingo Cañas, presentó a través de su representante, Tatiana Doddis, su informe ante el Comité contra la tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas. El documento y la presentación se enfoca principalmente en las herencias de la dictadura aún vigentes en la legislación, institucionalidad y prácticas del Estado chileno, y en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el presente, constatadas en las distintas misiones de observación desarrollada por esta Comisión.

Entre los principales aspectos del informe, relevados durante la presentación, se señaló que Chile recién tipificó el delito de tortura en diciembre del año 2016, con nueve años de retraso. Aún no se implementa el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), y el proyecto de Mecanismo presentado por el gobierno al Congreso, no garantiza independencia ni considera la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, continúa vigente el secreto absoluto sobre los archivos Valech I y las restricciones de acceso sobre los archivos Valech II y Rettig, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia por parte de las víctimas, y el conocimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura cívico militar liderada por Augusto Pinochet. En esta materia, también se dió cuenta de que continúa vigente la ley de amnistía para criminales de lesa humanidad, al mismo tiempo que se denunció la liberación de varios de ellos en los últimos días.

Respecto al actuar del Estado de Chile en democracia, el informe señala que hasta la actualidad, no se cuenta con un reglamento transparente y transversal que regule el actuar de las fuerzas policiales, más allá de los protocolos que los propios carabineros diseñan e implementan sin contrapartes estatales. Se ha comprobado que niegan información que se les solicita, lo que obstaculiza las labores de monitoreo. Los protocolos, incluso establecen prohibiciones hacia los y las defensoras de DDHH de la sociedad civil, poniendo en riesgo las Misiones de Observación y a los propios voluntarios y voluntarias.

Tanto carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI), han sido indicados como responsables de múltiples violaciones a los Derechos Humanos, de las cuales la tortura es la que más se repite, siendo especialmente preocupante que los grupos más afectados han sido mujeres, niños, jóvenes estudiantes y el pueblo Mapuche.

En relación a las mujeres, las propuestas legislativas no contemplan una definición de la violencia contra las mujeres cometida por agentes del Estado, como tampoco de la violencia institucional.

«El Estado no está actuando como garante en relación a la promoción, protección y garantía universal de los derechos de niños, niñas y adolescentes.» Fue parte de los ejes centrales de la presentación de Tatiana Doddis, e informe de Observadores de DDHH de Casa Memoria José Domingo Cañas.

En relación a los y las estudiantes, de los cuales la mayoría de las vulneraciones las hemos visto contra niños, niñas y adolescentes el informe denuncia acerca de golpizas, utilización de gases tóxicos, insultos y vejaciones sexuales, desnudamientos forzados, secuestros, entre otros graves abusos constatados. En ese sentido, sentencia: El Estado no está actuando como garante en relación a la promoción, protección y garantía universal de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a comunidades Mapuche y Pewenche, el informe denuncia los constantes allanamientos donde se ejerce todo tipo de violencia contra ancianos, ancianas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, por parte de Agentes del Estado y también por personal de Salud de hospitales públicos y consultorios. Se han denunciado desnudamientos forzados, amenazas de muerte con armas blancas y armas de fuego, amenazas de muerte a parientes cercanos, torturas de carácter sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes como humillaciones alusivas a orígenes étnicos, orientación y/o condición sexual, rango etario, vestimenta y diferentes tipos de graves discriminaciones.

Durante la presentación, Tatiana Doddis hizo especial énfasis en la grave situación que atravesó el Machi Celestino Córdova, en huelga de hambre ante la negativa de las autoridades carcelarias de conceder una salida vigilada por 48 hrs para realizar un proceso de renovación espiritual sagrado para él y su pueblo.

Sobre los casos de tortura, el informe señala que en promedio se denuncian anualmente 1660 casos, abarcando Carabineros, PDI y Gendarmería. Por otro lado, el promedio anual de querellas y amparos presentados por el INDH es de 33 casos representando cerca de sólo un 2% del total de las denuncias por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes a lo largo del país. Sólo 15 casos del INDH han tenido alguna resolución positiva para las víctimas. Este número comparado con la cantidad de denuncias efectuadas en el mismo periodo (9.647) corresponde al 0,16%. De los casos de tortura y violencia policial que se alcanzan a documentar y judicializar, la impunidad es de un 99,84%.

Los datos presentados por el informe se sustentan en más de 190 misiones de observación realizadas por la Comisión de Observadores de DDHH de Casa Memoria José Domingo Cañas, en sus 7 años de funcionamiento.

El informe finalmente, señala una serie de recomendaciones que el Estado Chileno debería adoptar, a la luz de sus compromisos internacionales, y los estándares existentes en estas materias. Entre ellas, destacan el anular el decreto ley de amnistía, crear una instancia permanente de monitoreo y calificación de casos sobre violaciones a los derechos humanos, crear un sistema unificado de monitoreo de cumplimiento de penas, anular y prohibir cualquier beneficio a autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como destituir y sancionar efectivamente a los funcionarios estatales implicados en violaciones a los Derechos Humanos pasados y presentes, dando cuenta pública de ello.

En el ámbito de la represión a niños, niñas y jóvenes estudiantes, recomienda investigar, sancionar y reparar los atropellos sufridos por niños, niñas y adolescentes; implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, prohibir el uso de armamento en el control de la protesta social, establecer los territorios de las escuelas, liceos y universidades como territorios de protección a la niñez y adolescentes, estableciendo la prohibición absoluta de entrada de la fuerza policial.

Documentación e información relacionada: