Los marcos legales de excepción que han tomado diferentes formas (yendo del Estado de Emergencia, al Estado de Excepción de Catástrofe, o Estado de Calamidad según las normativas previstas en cada país) han sido interpretados en algunos casos por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, como escenarios liberados para cometer abusos, en particular, respecto de los sectores más vulnerables de la población, quienes se encuentran en una situación de mayor indefensión frente a la pandemia. En Perú, se avanzó aún más, otorgándole impunidad por adelantado a eventuales actuaciones abusivas. El presidente de la República promulgó la denominada “Ley de protección policial” que limita las atribuciones de los jueces de dictar medidas de detención si encuentran indicios suficientes de un uso irregular de las armas por parte de miembros de las fuerzas policiales en el marco de su vigilancia de la pandemia.
Por otro lado, la situación de emergencia ha reactivado los pedidos de morigeraciones en relación con el cumplimento de las condenas de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad. El caso de Chile es el más preocupante en este sentido, ya que al mismo tiempo que se ha reactivado la discusión en el Congreso del proyecto denominado “Ley Humanitaria” que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, permitiendo que los condenados mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, puedan gozar de la prisión domiciliaria; senadores y diputados de la Coalición de derechas Chile Vamos han solicitado al Tribunal Constitucional la homologación de ese beneficio para quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad y el presidente de la República se ha pronunciado en favor de liberarlos mediante un indulto. En sintonía, la Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile decidió el día 9 de abril disminuir las condenas mediante la media prescripción otorgando libertad domiciliaria a 17 militares condenados por violaciones a los derechos humanos, decisión aún pendiente de confirmación por parte de la Corte Suprema de ese país. Las solicitudes para aplicar medidas de este tipo se repiten hoy en otros países por parte de los sectores militares o los propios condenados, como en Guatemala y Argentina.
Mientras se intenta morigerar de modo urgente, con el pretexto de la pandemia, este castigo tan largamente demorado para las víctimas, los sobrevivientes y las comunidades que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, se han vuelto a escuchar declaraciones negacionistas y apologéticas respecto de los regímenes militares como las que hizo públicas el presidente de la República de Brasil y altos funcionarios de su gobierno, en el marco de una nueva conmemoración del golpe del 31 de marzo de 1964. En sintonía con esas declaraciones, a partir del día 3 de abril, debido a los conflictos surgidos dentro del gobierno brasileño, se decidió una militarización de la gestión de la crisis sanitaria, asumiendo como coordinador de la lucha contra el coronavirus el jefe de la Casa Civil, general Walter Souza Braga Netto.
Especialmente preocupante resulta también la decisión dictada el día 3 de abril por la Procuraduría General de la Nación de Colombia, ordenando a las autoridades distritales y locales que con carácter de urgencia procedan a la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios en condición de no identificados, identificados aún no reclamados y personas de pobreza de solemnidad. Una situación similar se ha presentado en los estados de la región noroeste de México, ante la publicación de los lineamientos para disposición de cadáveres confirmados y con sospecha de COVID-19 en diferentes Entidades Federativas, en las que se ordena la incineración o cremación de las personas fallecidas aún sin confirmar la causa de muerte ni realizar su identificación certera. Las organizaciones de víctimas de ambos países han solicitado la revisión urgente de estas medidas que afectan el derecho a la verdad y a la reparación de quienes hace años esperan respuestas oficiales sobre los miles de desaparecidos de ambos países cuyos cuerpos no han sido identificados aún.
La comunicación de los gobiernos para la prevención y exhortación a “quedarse en casa” está siendo represiva y amenazante en algunos países, como Guatemala y Ecuador, dejando a un lado las necesidades de las personas que no cuentan con recursos para vivir en este contexto. En otros casos, como el de Brasil, las campañas gubernamentales han desinformado a la población, al mismo tiempo que el presidente minimizó el peligro del virus en relación con la pandemia y desobedeció personalmente las reglas de aislamiento decretadas por el Ministerio de Salud de su país, con cuyo titular mantiene una disputa pública. Organizaciones de México han solicitado que la información acerca de la pandemia llegue en todas las lenguas maternas de los pueblos originarios para garantizar que puedan realizar los cuidados recomendados para proteger su salud. Por otro lado, en Guatemala periodistas y organizaciones sociales han denunciado la falta de información por parte de las autoridades, lo cual vulnera el derecho a la información y poder establecer la ruta del virus para aumentar la prevención en las áreas.
La violencia contra las mujeres va en aumento en México desde mediados de marzo, cuando se entró en una etapa de aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus. Desde ese día a la fecha, los reportes de violencia contra las mujeres han aumentado significativamente, de acuerdo con cifras de la Red Nacional de Refugios (RNF), observándose en las últimas tres semanas un incremento del 5% en ingresos de mujeres y del 60% en orientaciones vía telefónica, redes sociales o correo electrónico.
Los derechos laborales están siendo vulnerados. De modo simultáneo y muy tempranamente, varios países de la región adoptaron medidas tendientes a proteger a las grandes empresas, como son los casos de Brasil, Chile, Colombia o Guatemala, permitiendo no pagar sueldos, o autorizando reducciones de los días laborables y de los salarios. Estas medidas agravan la situación social de los trabajadores formales, al mismo tiempo que aquellos que son cuentapropistas o viven en situación de pobreza e indigencia, deberán afrontar la inactividad en muchos casos sin ayuda estatal o con programas que sólo garantizan recursos exiguos. En la mayor parte de los países, los servicios públicos deberán seguir siendo pagados con independencia de la situación extraordinaria que impone la pandemia, e incluso en algunos casos como el de Uruguay, el gobierno decretó a partir del 1° de abril, un aumento de todas las tarifas públicas.
Los cierres de fronteras han sido decretados en muchos casos, sin tener en cuenta cuestiones de unión familiar o razones humanitarias. En el caso de Brasil, la restricción para el ingreso de personas no-brasileras con origen en países con altos índices de contagio, sólo ha exceptuado a Estados Unidos de América, el país con los números más avanzados de contagio en el continente. En el sur de México, se han denunciado situaciones de malos tratos y torturas contra migrantes centroamericanos que intentaban refugiarse en el país.
En el marco de una ausencia casi absoluta de coordinación de políticas públicas por parte de los gobiernos y de desactivación de las instancias institucionales de alcance regional, exhortamos a las comunidades a continuar con sus iniciativas solidarias de protección y el cuidado mutuo. Rescatamos aquellas experiencias estatales que procuran garantizar el cuidado universal de la salud y los derechos de las poblaciones más vulnerables, y llamamos la atención sobre ciertos patrones comunes de riesgo para la vigencia de los derechos humanos y la democracia en la región, pronunciándonos en favor de una gestión democrática y respetuosa de los derechos humanos de esta pandemia. Lamentablemente la pandemia ha dejado al desnudo la precariedad de los sistemas de salud en la región y el abandono por parte de los Estados a este servicio tan vital para la población.
