PRIMERA PARTE: El Cuartel Ollagüe
La casa que había donde hoy se ubica Casa Memoria José Domingo Cañas perteneció en los años del gobierno de Salvador Allende al sociólogo brasileño Theotonio Dos Santos, la cual luego del golpe de estado de 1973 fue utilizada por la embajada de Panamá como lugar de refugio para chilenos que solicitaban asilo en ese país. En agosto de 1974, la DINA se apropia del inmueble y establece aquí un recinto clandestino de secuestro, tortura y exterminio al que denominó “Cuartel Ollagüe” y que operó como tal hasta noviembre del mismo año. Durante este período, cerca de 250 personas fueron prisioneras en la casa en calidad de secuestradas, y de ese total, 60 de ellas son detenidas desaparecidas y una ejecutada política.
Inicialmente, a cargo del Cuartel estuvo el capitán de Carabineros Ciro Torré, siendo sustituido por el capitán del Ejército Francisco Ferrer Lima. Marcelo Morén Brito fue el encargado de dirigir y planificar el trabajo de los grupos operativos, dirigidos por Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence y Gerardo Godoy.
Un número considerable de quienes hasta el día de hoy permanecen como detenidas y detenidos desaparecidos, fueron incorporadas en la llamada lista de los 119, uno de los tantos montajes mediáticos articulados por la dictadura cívico-militar, bajo el amparo de la red internacional de terrorismo de estado conocida como “Plan Cóndor”. Con apoyo de esta red, se publicó un total de 119 nombres en medios de prensa argentinos y brasileños, en los que se señalaba que habían muerto por conflictos internos. Estos nombres correspondían en su mayoría a militantes del MIR que se encontraban desaparecidos y que, de acuerdo a testigos, habían sido vistos en diversos recintos, como el Cuartel Ollagüe.
Si bien no existe ninguna fotografía de la época en que la casa de José Domingo Cañas 1367 fue conocida como Cuartel Ollagüe, sí existen registros posteriores, previos a su demolición, que nos permiten hacernos la idea de cómo era en su interior y exterior.
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SEGUNDA PARTE: Recuperación de la Casa
Desde agosto de 1977, la casa pasó a formar parte de la infraestructura de la CNI hasta 1987. Posteriormente, entre 1987 y 1989, la casa fue destinada al SENAME. A comienzos de los noventa, la casa es devuelta a Theotonio Dos Santos, quien a través de su abogado la vende a Pablo Rochet, dueño de “El Castillo del Juguete”. Pablo Rochet intenta destruirla para habilitar estacionamientos, pero luego que el Juez Guzmán visitó el lugar, investigando causas de Derechos Humanos a su cargo, una disposición legal evitó que se llevara a cabo su destrucción hasta diciembre del 2001.
En el proceso de recuperación de la casa, vecinos y vecinas del sector fueron fundamentales junto a diversas organizaciones y agrupaciones de Derechos Humanos, que se constituyeron en el Colectivo de Rescate de la Casa de José Domingo Cañas 1367. Para abordar las diversas tareas, el Colectivo se reúne los días miércoles, finalizando dicha instancia con el rito de las velas frente a la casa en el atardecer, iluminando el recuerdo de cada uno de los y las desaparecidas y utilizando la luz vibrante de las velas como una vía para comunicarse con ellos.
A ellos se une una figura que sería trascendental en el proceso de recuperación y en la organización y articulación, entre muchas otras tareas, de los primeros años de Casa Memoria: Laura Moya. Laura, tía de Lumi Videla Moya, ejecutada en el Cuartel Ollagüe, asume con total dedicación las labores por el rescate de la casa, organizando y siendo la principal impulsora de todas las actividades vinculadas que visibilizaran lo ocurrido allí, y para su rescate como un lugar para la memoria y los Derechos Humanos.
El año 2001, en el marco de las negociaciones entre el Colectivo, Rochet y el Gobierno para adquirir la Casa, el empresario ordena su demolición. Pese a este acto vil, el lunes 4 de Febrero del 2002 el Consejo de Monumentos Nacionales declara Monumento Histórico el Sitio Histórico correspondiente a José Domingo Cañas Nº1367, como corolario a un trabajo incesante de recuperación, resistencia y reparación colectiva por parte de vecinos y vecinas, organizaciones sociales y culturales y de Derechos Humanos.
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